Buenos Aires.- Organizaciones sociales, sindicales, culturales y de derechos humanos en Argentina preparan una masiva protesta contra el gobierno del presidente Mauricio Macri, en respuesta a la crisis económica que padece el país.
El próximo 25 de septiembre se realizará un paro nacional convocado por la Central General del Trabajo (CGT), y a la que se sumaron las dos corrientes en las que se divide la Central de Trabajadores de Argentina (CTA).
Entre ambas organizaciones sindicales agrupan a cuatro millones de trabajadores que este año vieron perder el 10 por ciento de su poder adquisitivo por la crisis, la cual comenzó a partir de una corrida bancaria que devaluó en 100 por ciento el peso argentino.
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Aunque la CGT anunció que sólo efectuará un paro y no movilizará a sus afiliados, la CTA sí convocó a marchar a Plaza de Mayo para repudiar las políticas económicas aplicadas por Macri.
Organizaciones sociales, de derechos humanos, universitarias y estudiantiles, así como grupos de escritores, periodistas y trabajadores del Estado ya anunciaron que también marcharán para denunciar el empobrecimiento provocado por el gobierno macrista.
La protesta, que se prevé multitudinaria, coronará las decenas de movilizaciones realizadas en los últimos meses por diversos sectores en Buenos Aires y en las principales ciudades del país.
El desfinanciamiento de la salud, la educación y la ciencia, la desaparición de ministerios fundamentales como los de Salud, Trabajo y Ciencia y Tecnología y los despidos masivos en Télam, la agencia estatal de noticias, son algunos de los motivos de las marchas recientes.
La presión social en repudio al gobierno va en aumento, como lo demuestran los cada vez más frecuentes y masivos actos en los que se reclaman programas sociales para atender a la población vulnerable y cambios en la política económica.
Gran parte de las críticas se centra en el acuerdo que Macri firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un préstamo récord de 50 mil millones de dólares, ya que ahora todas las políticas locales deben ser primero aprobadas por el organismo.
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El clima se va caldeando, además, con las cifras oficiales que reconocen la magnitud de la crisis, como los datos de inflación que la víspera dio a conocer el estatal Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
De acuerdo con el organismo, la inflación de agosto fue de 3.9 por ciento, la más alta de este año, lo que implica un aumento interanual del 34.4 por ciento.
Mientras el costo de vida aumenta de manera drástica, ya que se espera una inflación del 40 por ciento para todo 2018, los ingresos de los trabajadores se quedaron muy por detrás, ya que oscilaron entre el 15 y el 24 por ciento.
Otro factor que preocupa y moviliza a los manifestantes es la imparable tendencia alcista del dólar, cuya cotización aumentó de 20 a 40 pesos entre enero y agosto pasados, lo que impactó de inmediato en la caída de la producción y el aumento de la inflación.
El propio gobierno ha reconocido que todavía no están en el peor momento de la crisis, ya que la recesión y, por lo tanto, la pobreza y el desempleo se profundizarán en los próximos meses, lo que a su vez implicará un reforzamiento de la protesta social.
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