Cancilleres de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú anunciaron hoy en la sede de las Naciones Unidas que enviaron una comunicación conjunta a la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
En una reunión, organizada al margen de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los cancilleres de esos seis países anunciaron que este mismo miércoles enviaron la comunicación a la fiscal en jefe, Fatou Bensouda, para que de tome el caso y abra una investigación.
Está sería la primera vez que varios gobiernos remiten la posible comisión de crímenes ocurridos completamente en el territorio de otro país.
La comunicación, firmada por los presidentes de los seis países que participaron en el evento, solicita a la fiscal Bensouda evaluar la información proporcionada y fincar responsabilidad a funcionarios del gobierno venezolano, que preside Nicolás Maduro, por actos cometidos a partir de febrero de 2014.
La evidencia de posibles crímenes de lesa humanidad está contenida en informes elaborados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos (OEA), y la Oficina del Alto Comisionado de de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
“Los hallazgos de los expertos independientes de la secretaría de la OEA den cuenta de la comisión generalizada de los crímenes de asesinato, desaparición forzada, tortura, violación, encarcelación y persecución política”, afirmó el canciller de Perú, Néstor Popolizio.
A nombre de sus homólogos presentes en el acto, Popolizio sostuvo que la comunidad internacional debe tomar acciones ante la gravedad de esta situación en Venezuela, y que se deben explorar vías para “poner fin a la impunidad, lograr justicia y evitar que estos hechos deplorables continúen”.
El canciller peruano expuso que la situación en Venezuela continúa deteriorándose, como demuestra el éxodo de millones de sus habitantes.
Tal éxodo es un indicador claro de la gravedad de esta crisis causada por la dictadura de Maduro, aseveró.
El informe de la ACNUDH concluyó que entre julio de 2015 y marzo de 2017, fuerzas de seguridad fueron responsables por la muerte de 505 personas, incluyendo 24 menores de edad. En algunos casos, se trató de ejecuciones extrajudiciales.
En mayo de 2018, un panel de expertos designado por la OEA preparó un informe que concluyó que es posible que se hayan cometido delitos de lesa humanidad, que debería ser evaluado minuciosamente por la Fiscalía.
En febrero de 2018, la fiscal de la CPI anunció la apertura de un examen preliminar sobre la situación en Venezuela, con el objetivo de determinar si la CPI debería avanzar con una investigación exhaustiva.
En el acto participaron además Jorge Faurie, Carlos Holmes Trujillo, Roberto Ampuero, Chrystia Freeland y Luis Castiglioni, cancilleres de Argentina, Colombia, Canadá y Paraguay, de manera respectiva.
José Miguel Vivanco, director para Américas del grupo civil Human Rights Watch (HRW), señaló que “esta acción sin precedentes refleja la creciente preocupación en la comunidad internacional por la catástrofe de derechos humanos que sufre Venezuela”.
Vivanco añadió que “con el pedido realizado hoy a la fiscal de la CPI, estos gobiernos están expresando claramente que la falta absoluta de rendición de cuentas por los abusos que todavía se siguen cometiendo es inaceptable”.
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