La muerte de la pequeña Camila, ocurrida a finales de marzo en Taxco, Guerrero, y que desencadenó el linchamiento de la presunta responsable y su hijo, ha puesto sobre la mesa el debate entre la actuación que se tuvo en multitud por hacer justica con mano propia; pues incluso las mismas autoridades cuentan con protocolos para evitar estas acciones y que sean las leyes las que se encarguen de dar justicia.
Hidalgo ha sido escenario de actos similares, donde la turba se sale de control y llevada por la ira actúa con violencia en busca de obtener justicia bajo el argumento de que, las instituciones no la dan.
En el 2022, un domingo 23 de octubre, dos agentes de investigación murieron linchados por pobladores de Santa María Asunción, en Tulancingo, a donde acudieron para ejecutar una orden de aprehensión.
Sin embargo, un grupo de pobladores los agredió física y verbalmente, uno de los ministeriales logró escapar, pero Sergio Saavedra Torres no y murió como consecuencia de la severa golpiza que le dieron. Su cuerpo incluso fue arrastrado varios metros.
El caso de Sergio Saavedra se suma al de otro agente del Ministerio Público del distrito judicial de Tulancingo, quien perdió la vida luego de que pobladores de Metepec le rociaron combustible y prendieron fuego la tarde del jueves 27 de septiembre de 2018.
En cuanto a la vía legal, en el primero de los casos hubo dos detenidos y un juez de control los vinculó a proceso como presuntos responsables del homicidio de Sergio Saavedra Torres.
Los imputados fueron puestos a disposición del Ministerio Público (MP) luego de ser detenidos el 8 de noviembre en un cateo ejecutado en la misma comunidad donde ocurrieron los hechos. El proceso continúa. En 2023 en la región de Tulancingo se registraron cuatro intentos de linchamiento.
Protocolos
Previo a estos actos que se salieron de control, específicamente el 2 de abril del 2019, en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) se publicó el Protocolo de Actuación para el Control de Multitudes ante el riesgo de violencia colectiva, firmado por el gobernador en turno, Omar Fayad Meneses.
Dicho documento contiene los pasos que las corporaciones policiales deberán cuidar ante un hecho de violencia colectiva y que puedan actuar de manera congruente y oportuna en un linchamiento.
El protocolo contiene acciones policiales para tres momentos: antes, durante y después de un hecho en el que se presenta violencia colectiva.
Quienes lo ejecuten deberán evaluar participación de mujeres, niños, ancianos y personas con discapacidad, además permite el uso de armas incapacitantes no letales para la dispersión de reuniones violentas, como gas pimienta, tazer o armas de energía conducida, bastones extensibles, lanzadoras de paintball o bola de pintura; armas eléctricas stungun o electroshock; bastón eléctrico de dotación en G4S; Armas generadoras de ultrasonido, armas no letales que disparan espuma.
Las autoridades que deben aplicar dicho protocolo son la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo, de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo y las policías municipales de los 84 ayuntamientos.