/ jueves 3 de octubre de 2024

Por presunto fraude en Acayuca va a prisión 22 años

Las víctimas denunciaron que firmaron con la persona imputada un contrato para adquirir terrenos rústicos

Un tribunal de enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria de 22 años y seis meses de prisión para una mujer penalmente responsable de hechos que la ley sanciona como fraude, en agravio de 16 personas.

Las víctimas denunciaron ante la Procuraduría estatal que en Pachuca firmaron con la persona imputada un contrato para adquirir terrenos rústicos ubicados en el ejido de Acayuca, municipio de Zapotlán de Juárez.

Sin embargo al iniciar los trámites legales para tomar posesión de las propiedades, las víctimas se percataron que dichos terrenos no contaban con permisos de fraccionamiento o lotificación, por lo que denunciaron los hechos ante esta representación social, misma que inició la carpeta de investigación correspondiente por hechos que la ley sanciona como fraude.

Con base en la denuncia, personal ministerial reunió los datos de prueba contra la mujer y los presentó ante un juez de control en audiencia inicial en la que la autoridad judicial concedió al Ministerio Público el auto de vinculación a proceso.

Finalmente al agotarse todas las etapas del proceso penal, esta representación social formuló acusación contra la persona investigada y demostró plenamente la responsabilidad de la persona imputada en el delito de fraude.


Un tribunal de enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria de 22 años y seis meses de prisión para una mujer penalmente responsable de hechos que la ley sanciona como fraude, en agravio de 16 personas.

Las víctimas denunciaron ante la Procuraduría estatal que en Pachuca firmaron con la persona imputada un contrato para adquirir terrenos rústicos ubicados en el ejido de Acayuca, municipio de Zapotlán de Juárez.

Sin embargo al iniciar los trámites legales para tomar posesión de las propiedades, las víctimas se percataron que dichos terrenos no contaban con permisos de fraccionamiento o lotificación, por lo que denunciaron los hechos ante esta representación social, misma que inició la carpeta de investigación correspondiente por hechos que la ley sanciona como fraude.

Con base en la denuncia, personal ministerial reunió los datos de prueba contra la mujer y los presentó ante un juez de control en audiencia inicial en la que la autoridad judicial concedió al Ministerio Público el auto de vinculación a proceso.

Finalmente al agotarse todas las etapas del proceso penal, esta representación social formuló acusación contra la persona investigada y demostró plenamente la responsabilidad de la persona imputada en el delito de fraude.


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