Jesús Toledo Saavedra, presidente del Colegio de Notarios del Estado de Morelos, obtuvo un amparo para evitar ser detenido por los presuntos actos de corrupción que cometió en la entrega de la Notaría Pública 4 para favorecer a un supuesto prestanombres de Ulises Bravo, hermano del gobernador Cuauhtémoc Blanco.
Este es el segundo recurso que promueve el también titular de la Notaría Pública 2. El primero fue para evitar cumplir con el requerimiento de la Fiscalía Especial en Combate a la Corrupción (FECC) para que acudiera a declarar sobre el caso en el que se presume cometió varias irregularidades en el proceso para entregar la Notaría 4.
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Sin embargo, sobre el nuevo recurso, el Juez de Distrito admitió la demanda, pero por tener un alto riesgo de fuga, le requirió una garantía de 21 mil 500 pesos, cantidad que se supone debería ser suficiente para que Toledo Saavedra se mantenga en disposición de continuar con el proceso.
También, y en contraposición del primer amparo que promovió, le fue impuesta la obligación de comparecer ante las autoridades que así lo soliciten para poder continuar con el desahogo de pruebas.
¿Qué cargos le imputan al abogado?
La investigación contra Jesús Toledo Saavedra surge a raíz de la filtración de un audio de más de 30 minutos en los que Kenji Uchida, director Jurídico de Morelos, habla con el exsecretario de Gobierno Pablo Ojeda sobre el caso y donde acepta haber recibido presiones por parte de Ulises Bravo para conformar la nueva Notaría.
En el audio también se escucha a Ojeda, quien fue removido en mayo pasado de su puesto, reconocer que él ayudó a construir el Colegio de Notarios que preside Jesús Toledo y evitó que fuera designado en su lugar Manuel Carmona, una práctica que es violatoria de la Ley, pues este organismo es autónomo.
El vicefiscal anticorrupción, Edgar Núñez Uquiza, dio a conocer que además de estas filtraciones, el notario tiene abierta una carpeta de investigación en su contra porque las evidencias recabadas por la dependencia apuntan a distintas violaciones cometidas en el proceso de selección de aspirantes para encabezar la Notaría Pública 4.
En primer lugar, detalló, ninguno de los candidatos cumplía con los tres años ininterrumpidos en prácticas notariales que como mínimo se deben cumplir y tampoco se cubrió con el requisito que establece que para la creación de una notaría se debe presentar un proyecto que permita determinar si existen las condiciones para ello.
“Es evidente que incumple con dichos requisitos y que la creación de la notaría va a impactar en varias conductas delictivas. (Es posible) que el proceso pueda ser viciado por algún tipo de favoritismo, una cuestión de amistad, un cohecho y pues esto va a generar responsabilidades penales”, explicó Núñez Uquiza.
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Derivado de estas prácticas irregulares, la FECC señala que Toledo podría haber entregado la notaría a Alejandro Gómez Núñez −hijo de Alejandro Gómez Maldonado y titular de la Notaría Pública 1− a petición de Ulises Bravo, por lo que el presidente del Colegio de Notarios podría enfrentar cargos por tráfico de influencias, cohecho o extorsión, incumplimiento de la función pública, ejercicio ilícito y ejercicio abusivo, en caso de que se compruebe su responsabilidad. También existe una acusación directa contra Kenji Uchida.
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