Amnistía Internacional (AI) demandó al gobierno de Guanajuato y al ayuntamiento de León, una investigación sobre posible uso excesivo de la fuerza y violencia sexual contra por parte de las policías estatal y municipal durante la manifestación que tenía por objeto exigir justicia por el caso de Evelyn, una mujer que denunció públicamente que fue agredida sexualmente e intimidada por elementos de la policía de dicho municipio.
En una carta dirigida al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el alcalde Héctor López Santillana, Amnistía Internacional expuso que derivado del monitoreo a medios y de las denuncias públicas de organizaciones y colectivas, que coinciden en señalar que “elementos de la policía hicieron uso excesivo de la fuerza, llevaron a cabo detenciones arbitrarias y agredieron sexualmente a mujeres, incluso a menores de edad, que participaron en el acto de protesta”.
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Recordaron que el uso de violencia y tortura sexual en contextos de manifestaciones ha sido referido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una táctica de control social contra las mujeres como forma de represión, por lo que este tipo de conductas son inaceptables y reprochables, además de que “la violencia sexual jamás debe ser utilizada como forma de control del orden público”.
“El derecho a la libertad de reunión pacífica, asociación y libertad de expresión son derechos humanos consagrados en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; por lo que la criminalización de la protesta social, sea a través de represión directa o a través de la persecución criminal, es incompatible con un Estado de Derecho”, sostuvo la organización.
Por lo anterior, AI solicitó que se garantice una investigación diligente y expedita de los hechos ocurridos en el contexto de la manifestación del 22 de agosto y se sancione a quienes resulten responsables de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres que ejercían su legítimo derecho a la manifestación.
Además de que se llevan a cabo las diligencias necesarias para reparar integralmente el daño causado a las víctimas, tomando en cuenta la perspectiva de género y de la edad para responder a las necesidades específicas de las afectadas.
Y por último, se aseguren las garantías de no repetición y respeten, protejan y garanticen el derecho a la libertad de expresión, protesta social y a una vida libre de violencia.
Cabe destacar que el pasado fin de semana se llevó a cabo una manifestación en el centro de León para exigir justicia en el caso de Evelyn, mujer que denunció actos de violencia en su contra por parte de las fuerzas policiales y que derivó en algunos actos vandálicos.
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