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El Congreso de Nuevo León aprobó citar a comparecer al exgobernador Jaime Rodríguez Calderón y a su secretario de Gobierno, Manuel González, por el asunto de las broncofirmas, cuando fue candidato presidencial.
Lo anterior, en cumplimiento a una resolución de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que se ha reactivado el proceso para sancionar a El Bronco.
"La notificación hecha mediante edictos surtirá sus efectos a los diez días contados desde el día siguiente al de la última publicación. (en términos del artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles pare el estado de Nuevo León)", señala el acuerdo aprobado en la sesión de la Comisión Jurisdiccional, que preside la panista Lilia Olivares.
"Por lo que se cita para al quinto día hábil siguiente después de cumplido el plazo señalado en el párrafo anterior a las 15:30 horas en las instalaciones del H. Congreso del Estado de Nuevo León. (En términos del artículo 16 de la Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo León)", agrega.
El Estado tendrá que realizar tres publicaciones en el Periódico Oficial para notificar de la comparecencia del exgobernador y de su funcionario, dijo la legisladora.
El proceso fue avalado por mayoría con votos del PRI y PAN, así como los diputados de Movimiento Ciudadano, quienes votaron en contra al argumentar que solamente se generan nuevos vicios para que se ampare el exgobernador.
"Inicia el procedimiento de juicio político en contra de Jaime Rodríguez Calderón Hinojosa en su carácter de gobernador del Estado de Nuevo León y Manuel Florentino González Flores en su carácter de gobernador Interino, como responsables por no tomar las medidas óptimas, eficaces y adecuadas para evitar el despliegue del uso del servicio público para captar apoyos en favor del candidato independiente a la presidencia de la república", destaca el acuerdo aprobado.
Se explicó que pueden existir actos constitutivos de faltas que ameriten el procedimiento de Juicio Político, en virtud de lo establecido por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
De acuerdo a los hechos, para participar en el proceso de 2018, Rodríguez Calderón debió juntar firmas, y para ello, habría utilizado recursos económicos y burócratas estatales para la recolección.
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