PUEBLA. La Ley de Educación del Estado de Puebla ha generado el rechazo de rectores de colegios privados y partidos políticos a nivel nacional debido a que establece políticas más severas a escuelas particulares al incorporar al Sistema Educativo Estatal los muebles e inmuebles, además de aplicar sanciones por 434 mil pesos por retener documentación y no brindar el servicio educativo.
Sin embargo, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa argumentó que el concepto de que los bienes muebles e inmuebles de las escuelas públicas y privadas forman parte del Sistema Educativo Nacional en el artículo 105, nada tiene que ver con apropiarse de dichos bienes, sino de que sirvan para los fines educativos a que son destinados.
Entre los inconformes ante esta ley se encuentra el rector de la Universidad Iberoamericana Puebla, Mario Patrón, quien confirmó que desde el Consorcio Universitario analizan una acción judicial contra la ley estatal.
Emilio Baños, rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), lamentó la oportunidad de brindarle a Puebla una ley que corrigiera ambigüedades de la Ley Federal.
También José Mata, rector de la Universidad Anáhuac, declaró que el Consorcio Universitario sigue trabajando para ponderar los alcances que pueda tener la norma en todo el sector educativo.
A quienes conforman el Consorcio Universitario, el gobernador poblano hizo un llamado a través de sus redes sociales, a que mire por la educación y no por sus intereses económicos pues las cosas en Puebla ya cambiaron.
Mientras que a nivel nacional, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, cuestionó la ley al señalar que Morena exhibe cada día más su proyecto autoritario y que ahora en Puebla el gobernador Barbosa toma control de la educación privada, sin respetar el derecho de cada padre de decidir donde estudian sus hijos.
Por su parte, la bancada panista en el Senado acusó que las reformas aprobadas son medidas que refleja las ambiciones intervencionistas y totalitarias de los gobiernos de Morena, que dañan gravemente los derechos y las libertades de las y los mexicanos, y la confianza para invertir en nuestro país, subrayaron a través de su cuenta oficial de Twitter.
Y el PRI consideró que la ley contiene vacíos legales que generan incertidumbre jurídica y constituye un atentado contra la propiedad privada.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla, Melitón Lozano, aseguró al diario Reforma que “Hay una mala interpretación y distorsión del contenido de la ley”.
“Que se diga que forman parte del sistema educativo, no quiere decir que son propiedad del gobierno del estado”, atajó el funcionario estatal.
Argumentó en la entrevista que la ley de Puebla tiene los mismos preceptos que la Ley General aprobada a nivel federal en 2019.
Como ejemplo del alcance de la ley puso el contexto de la pandemia por Covid-19, en el que se decretó que no habría clases presenciales en todo el sistema educativo, por lo que aplica para instituciones públicas y también particulares.
¿APROPIACIÓN DE INMUEBLES?
La norma que consta de 12 títulos, 155 artículos y 8 artículos transitorios fue aprobada el 15 de mayo en la sesión virtual del Pleno del Congreso del Estado que duró siete horas de discusión y uno de los artículos que generó debate es el 105 que establece que los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales y por los particulares, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal, lo cual puede interpretarse como una apropiación del Estado.
MULTAS Y SANCIONES
La norma también establece que los usuarios de servicios prestados por escuelas privadas podrán solicitar a la SEP, acciones de vigilancia para verificar el impartir educación, además de que se sancionará cuando se retengan documentos personales.
Con información de Manrique Gandaria | El Sol de México
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