TULA. La contaminación provocada por las refinerías de Petróleos Mexicanos (Pemex) generó la molestia de los habitantes de sus zonas aledañas y de los gobiernos locales que iniciaron acciones legales contra dos de ellas que van desde requerimientos para su cierre o reubicación o el pago de impuestos para mitigar la contaminación.
Ayer, el diputado federal del PAN Gabriel Quadri encabezó una clausura simbólica de la refinería Miguel Hidalgo, ubicada en Tula, Hidalgo, la cual, dice, es la más contaminante del Valle de México y provoca diversas enfermedades entre la población, principalmente cáncer. La acción del panista se suma a las emprendidas en las últimas semanas contra las refinerías de Pemex en Nuevo León y Tamaulipas, también acusadas de generar daños ambientales.
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“Exijo se le haga una auditoría ambiental pública, ya que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha dejado de publicar emisiones desde el año 2019 y si no es viable el funcionamiento del complejo petrolero que sea liquidada y vendida al sector privado”, mencionó Quadri.
En Nuevo León, el gobierno de Samuel García y organizaciones de la sociedad civil buscan reubicar o cerrar la refinería Ingeniero Héctor R. Lara Sosa, ubicada en Cadereyta, debido a que la consideran responsable de la contaminación en el área metropolitana de Monterrey.
Durante 2023, dicha ciudad y su área metropolitana tuvieron más de 75 por ciento de los días con muy mala calidad del aire y se emitieron 10 alertas ambientales por la contaminación generada por la refinería, sostuvo Alfonso Martínez, secretario de Medio Ambiente estatal.
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En enero pasado, el gobierno solicitó la reincorporación de Pemex al Programa de Gestión Integral de Calidad de Calidad del Aire (Pigeca), pero Pemex se negó y la Secretaría del Medio Ambiente del estado la denunció penalmente, acusándola de violaciones a los artículos 414 y 415 del Código Penal federal relativos a la producción de sustancias consideradas peligrosas sin aplicar medidas de prevención.
Al reclamo contra la refinería de Cadereyta se sumó incluso el aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, quien propuso una consulta popular para que la gente decida si se clausura.
En Tamaulipas, el gobierno encabezado por Américo Villarreal aprobó en diciembre el impuesto verde, el cual será aplicado a para empresas que sobrepasen el límite de emisiones contaminantes que se fijó en 25 mil toneladas mensuales de gases de efecto invernadero.
El impuesto obliga a los 36 industriales que operan en Tamaulipas, principalmente Pemex, a actualizar sus sistemas productivos para tratar de evitar sanciones económicas, que el gobierno del estado estima en mil 511 millones de pesos anuales.
Aunque el impuesto fue aprobado, en enero no se aplicó porque la Seduma aún define las reglas de operación y mantiene una negociación con las empresas.
En 1991, el Gobierno federal cerró la Refinería 18 de Marzo, en Azcapotzalco, Ciudad de México, que en ese momento enfrentaba una severa crisis ambiental que obligó, también, en 1989, a implementar el programa Hoy No Circula, para reducir las emisiones de gases.
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Además de las refinerías de Cadereyta, Madero y Tula, en el país operan las plantas Lázaro Cárdenas, en Minatitlán, Veracruz; la Ing. Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca, y la Ing. Antonio M. Amor, en Salamanca, Guanajuato, la cual es una de las más contaminantes del país.
Con información de David Casas /Corresponsal y Víctor Alva /El Sol de Tampico
